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Cuando Baltasar Garzón decidió juzgar a Augusto Pinochet, muchos esperábamos que en su búsqueda de justicia, también convocara al estrado a Fidel Castro, pero no lo hizo.

Tampoco se le pasó por la mente enjuiciar a los dictadores árabes, a Hugo Chávez, ni a ningún violador de los Derechos Humanos musulmán o de la izquierda.

Ahora el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional de España, está tramitando un juicio por crímenes de guerra contra ex funcionarios israelís. Los acusados son: el ex comandante de la Fuerza Aérea Dan Halutz, el Ministro de Infraestructura Nacional Benjamín Ben-Eliezer, y el Ministro de Seguridad Interior Avi Dijter, entre otros.

La querella es por la muerte del líder del Hamás, Sala Shehade, ocurrida el 22 de Julio de 2002, en un ataque aéreo israelí donde murieron 14 personas. Shehade fue uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas del Hamás y ejercía de su comandante en Gaza cuando fue abatido.

El palestino fue causante de la muerte de decenas de civiles israelís, incluidos cinco jóvenes estudiantes de la academia premilitar de Atzmona, y de centenares de ataques terroristas con morteros a ciudades israelís cercanas a Gaza.

El Ministro del Exterior español Miguel Ángel Moratinos dijo:”la obligación del gobierno es respetar la justicia”, alegando que el gobierno español no intercederá con la decisión del juez.

Andreu invoca para su proceder, a una ley que permite a España enjuiciar a quien le venga en gana, por crímenes de terrorismo o genocidio, aunque no hayan sido cometidos en España y no involucren a ciudadanos españoles.

El caso fue presentado por el Centro Palestino para los Derechos Humanos cuyo abogado es el chileno Gonzalo Boye, militante del MIR de Chile, que fue condenado a prisión por ser colaborador de ETA, y participó en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1989.

Considerando que los crímenes de guerra o la violación a los derechos humanos no prescriben con el tiempo, es hora de que la justicia española que es tan celosa en guardar la ley, haga que el gobierno del pro-indigenista Zapatero, pague a los pueblos sudamericanos por el saqueo de sus tierras y el genocidio de millones de sus habitantes originarios.

Del Cerro Rico de Potosí se estima que los conquistadores extrajeron tanto oro y plata, que con esos minerales se podía haber construido sobre el Atlántico un puente desde Bolivia a España.

Para explotar los recursos del Nuevo Continente, se calcula que los conquistadores --imponiendo trabajos forzados sobre los nativos-- causaron la muerte del 80 por ciento de la población indígena, que llegaba a 100 millones.

En términos monetarios actuales, todo el presupuesto de España no alcanzaría para cubrir el oro que se llevaron a Europa, y ni qué decir de las vidas humanas que cercenaron. Los despreciados “sudacas”, hicieron grande a España.

La peculiaridad de la “justicia” española, es que sólo busca enjuiciar a quienes son de derecha, o a aquellos que se defienden legítimamente de los terroristas.

Sin duda los progres se sienten alentados por el gobierno del PSOE, que no pierde oportunidad para demonizar a Israel, lo que ha hecho que España se esté convirtiendo nuevamente en un estado inquisitorial.

España es actualmente el país más antisemita de Europa, donde 60 por ciento de su población muestra prejuicios contra los judíos. Irónicamente, según los estudios genéticos, 20 por ciento de los españoles son de comprobada ascendencia judía.

Si todos los españoles sometiesen su ADN a análisis se llevarían grandes sorpresas sobre sus antepasados, ya que además de los que se convirtieron al cristianismo forzados por la inquisición, los primeros habitantes de la península ibérica fueron los “íberos”, palabra que proviene del hebreo “ibrim” y significa precisamente: “hebreos”.


JOSÉ BRECHNER